El Gobierno engloba a 16 centros tecnológicos en un consorcio para multiplicar su eficiencia

El organismo será la ‘marca país’ de la investigación en Euskadi, al estilo del Fraunhofer alemán

JULIO DÍAZ DE ALDADomingo, 25 febrero 2018, 11:00

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Tras la profunda reordenación que supuso para la Red Vasca de Ciencia y Tecnología el Decreto de 2015 con el que el Gobierno reguló los criterios de acreditación y homologación -y también las condiciones para acceder a los fondos públicos- de los distintos agentes, llega ahora la segunda vuelta de tuerca al sector. Tocaba evaluar el sistema, y el departamento de Desarrollo Económico ha detectado, por un lado, algunas estridentes ineficiencias y duplicidades a corregir y, de otra parte, la oportunidad de crear un gran buque insignia de las capacidades científico-tecnológicas de Euskadi con el que salir a navegar por el mundo, al estilo del Fraunhofer alemán o el RISE sueco; una ‘marca país’ con la que pelear por proyectos internacionales y que, como consecuencia, engrandezca la propia red vasca y beneficie al tejido empresarial local.

La consejera Arantxa Tapia ya adelantó el proyecto a DV en una entrevista concedida en diciembre, poco antes de que el Consejo Vasco de Ciencia y Tecnología visara la iniciativa. Y el pasado lunes, la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, Estíbaliz Hernáez, dio cuenta de la misma a sus protagonistas en una reunión celebrada en Vitoria. Allí -junto al director de Tecnología y Estrategia, Iosu Madariaga-, explicó a los doce centros tecnológicos y a los cuatro CICs las características esenciales de lo que calificó de «herramienta de cooperación y de coordinación».

Tras un intenso análisis, la forma jurídica elegida para esa especie de paraguas bajo el que cobijar y desde el que coordinar toda esa potencia de tiro (hablamos de 3.540 personas y 283 millones en ingresos, que son los que suman los 16 invitados a subir al barco) es la del consorcio. «Es la que más derechos y obligaciones otorga a los centros, permite establecer mayores niveles de compromiso a las organizaciones y también facilita la instrumentalización de fondos públicos», explica a este diario el propio Madariaga.

El técnico del Gobierno Vasco -parafraseando el lema del Fraunhofer- apunta que se trata de que el consorcio «sea tan autómomo como sea posible y tan coordinado como sea necesario». Cada uno de los 16 agentes conservará su personalidad jurídica y sus órganos de gobierno.

El organismo (al que aún hay que buscarle nombre y marca comercial) estará sometido en sus relaciones externas a la Ley de Contratos del Sector Público y contará con un ‘staff’ propio de no más de seis o siete personas que, además, tendrán su retribución limitada.

Este último aspecto ha suscitado alguna duda puesto que la búsqueda de la excelencia para la pelea internacional quizá (dicen en alguno de los centros) esté reñida con salarios contenidos. Según detalla Madariaga, el presupuesto anual de la estructura rondará el millón o millón y medio de euros.

Bajo la presidencia (en manos del Gobierno Vasco) y la vicepresidencia (reservada a las Diputaciones Forales, con las que se quiere contar de manera especial y que están al tanto del proyecto), habrá un comité directivo que, entre otros, incluirá a cuatro o cinco directores generales de los centros tecnológicos.

Empresas y fondos públicos

Habrá también una asamblea general (en la que tendrán también su asiento Lehendakaritza y las consejerías de Salud y Educación) y los presidentes de los centros tecnológicos. Dos comisiones (una científico tecnológica, que incluirá a las universidades, y otra industrial, con empresas) se encargarán de proponer y asesorar al comité directivo. Precisamente, la escasa presencia industrial (más allá de que los patronatos de los centros están repletos de empresas) en ese dibujo inicial ha levantado también algunas suspicacias entre los afectados.

Pero las reticencias iniciales (con las que ya contaba el Ejecutivo) se refieren más a esos derechos y deberes de los dieciséis socios, que saben que o se suman a la aventura (nadie les obliga) o no podrán beneficiarse -en primera instancia- de los fondos del programa Emaitek, que el año pasado repartió entre centros y CICs un total de 56 millones de euros. En función de cómo avance la idea, es probable que el veto se extienda también a otras líneas de ayudas como las Elkartek (14 millones) o Hazitek (54 en sus dos versiones). Consultados algunos de los protagonistas se antoja imposible que nadie rehúse participar en el consorcio, tanto por el dinero como por el hecho de quedar perfectamente fuera de juego.

Cuestionado por el papel de la nueva estructura y la mayor o menor pérdida de soberanía de los centros, Iosu Madariaga revela que el consorcio tendrá la capacidad de «aprobar y supervisar» desde la «agenda de investigación general y las específicas de las distintas unidades científico-tecnológicas» de cada agente, a la «transferencia» de las unidades de mercado. También los planes de carrera profesional, que son las hojas de ruta que han de seguir los investigadores para convertirse en tales. Estos tres aspectos, sobre todo el último, escuece bastante en el sector. Pero en el Gobierno ya advierten de que «por el simple hecho de que pase el tiempo una persona no puede convertirse en investigador senior, hace falta algo más…».

El consorcio, añade el director de Tecnología y Estrategia, «también tendrá potestad para proponer y autorizar inversiones en infraestructuras singulares». Esto es importante ya que, aunque parezca mentira, una de las ineficiencias que se han detectado hace referencia a la adquisición de máquinas y equipos (normalmente, muy caros) casi al unísono por parte de varios centros muy próximos. El paraguas también tendrá potestad de impulsar capacidades de investigación en nuevos ámbitos distintos a los realizados por sus miembros hasta ese momento.

Otros de los pecados de la red (que en privado alguno de sus autores confiesa) es, en palabras de Madariaga, la «limitada confianza mútua y vocación de cooperación». Análisis de terceros llegan a hablar de «canibalismo». Esa lista de cuestiones a mejorar incluye aspectos como el escaso éxito de los procesos voluntarios de integración o el reducido resultado de la transferencia de resultados a las empresas.

«Se trata de ganar dimensión, como están haciendo otros en el mundo, y de intentar que la suma de las partes, partiendo de la base de que la diversidad es un valor, sea mayor que el mero conjunto», declara Madariaga, quien subraya que «solo hablamos de una capa superior de gobernanza» y que «la I+D la van a seguir haciendo los centros».

Los planes pasan por ultimar los estatutos del consorcio antes de verano para, tras un contraste con cada agente, que los patronatos de los centros aprueben el salto, que ha de contar con el plácet del Parlamento Vasco y las tres juntas generales. El proyecto estará en marcha antes del final de la legislatura.