«Hay amplias evidencias que demuestran que si las mujeres pudieran desarrollar todo su potencial en el mercado laboral habría significativas ganancias macroeconómicas», concluye el informe. Por ejemplo, si la participación laboral de las mujeres fuera igual que la de los hombres en Estados Unidos, su PIB crecería un 5%. En el caso de Japón, la economía crecería un 9%; en Emiratos Árabes Unidos, un 12%; y en Egipto, hasta un 34%.

En los países en desarrollo, que las mujeres cuenten con ingresos propios tiene efectos directos sobre el desarrollo de las comunidades y la tasa de escolarización de niños y niñas. El informe recuerda que las mujeres tienden a invertir una parte importante de sus ingresos en la educación de los hijos, en mayor proporción que los hombres. De hecho, según la OIT, el empleo de las mujeres -tanto el remunerado como el no pagado- es uno de los factores que más contribuye a reducir la pobreza en los países en desarrollo.

Las diferencias perduran

El informe constata que la diferencia entre las tasas de actividad de hombres y mujeres se han estrechado en los últimos años, aunque la brecha sigue siendo elevada en muchos países. Las mujeres están ocupadas mayoritariamente en el sector servicios, especialmente -de forma «desproporcionada», según el propio organismo- en las actividades relacionadas con la salud y los servicios a la comunidad.

Destacan, también, la brecha salarial entre hombres y mujeres y la presencia «dominante» de estas en el trabajo a tiempo parcial. El documento señala a la «segregación ocupacional» y a las reducciones de jornada que mayoritariamente tienen que coger las mujeres como responsables de que las diferencias entre los niveles de ingresos de mujeres y hombres permanezcan.

«Las mujeres contribuyen de forma sustancial al bienestar económico a través de grandes cantidades de trabajo no remunerado, como el cuidado de los hijos y las tareas del hogar, trabajos normalmente invisibilizados y que no están contemplados en el PIB», dicen.

¿Qué hacer?

El informe considera que hay un margen amplio para actuar sobre la política fiscal. Propone, por ejemplo, sustituir la fiscalidad sobre la familia por un esquema de tributación sobre los individuos, ya que considera que, en el caso de la primera, desincentiva el empleo femenino y lo hace secundario para la familia. En el caso español esto implicaría, por ejemplo, eliminar la posibilidad de hacer la declaración de la renta conjunta.

Plantea también una política de beneficios sociales coherente y que no desincentive la participación de las mujeres en el mercado laboral. El informe menciona como buena práctica las políticas que prácticamente equiparan los permisos de maternidad y paternidad, porque mejoran considerablemente las posibilidades de que las mujeres vuelvan luego al trabajo y contribuye también a cambiar los roles de género.

Las propuestas del FMI pasan también por garantizar el acceso a los servicios sociales de cuidados, como la educación infantil y la dependencia, y por revisar las ayudas económicas que se dan por hijo para evitar que estas supongan un desincentivo para que las mujeres entren en el mercado laboral, sobre todo si sus expectativas salariales son bajas.

En cuanto a la discrminación laboral, el informe plantea fortalecer el control y la investigación para vigilar el cumplimiento de las leyes, y establecer mecanismos alternativos a los juicios, como la mediación y el arbitraje, para resolver más ágilmente los conflictos.